Anécdotas de una oficina de abogados

PRIMERA

La señora parecía muy honorable. No era rica, pero había creado a su alrededor un aura de respetabilidad relatando con frecuencia presuntas participaciones en episodios antitrujillistas del pasado. Por eso recibía ayuda de muchos familiares desde que su esposó se divorció de ella.

El divorcio dejó como único bien una casa, donde ella vivió las décadas que duró el reclamo por los derechos de la misma.

Dos excelentes abogados llevaron el caso y hasta llegaron al fin de sus días sin ver una solución al mismo. Treinta y dos años después era necesario buscar un tercero para continuar la disputa.

El esposo de una pariente lejana era un aguerrido abogado, muy conocido por su temple y su valor. Su bien ganado prestigio motivó a la señora a contratarlo. Y pactaron un acuerdo de un veinte por ciento si solucionaba el caso. Como tratamiento especial por el parentesco con la esposa, el abogado no le requirió el usual avance de honorarios.

Dos años mas tarde, el abogado concluía el proceso a favor de la señora. La señora le dijo que, para pagarle el veinte por ciento acordado, vendería la casa cuando apareciera un comprador que le ofreciera el precio máximo, y le sugirió que la ayudara también a buscar un comprador.

Algunos meses después, el abogado le presentó un posible adquiriente, el cual el ofreció la suma de doce millones de pesos. La señora se negó a vender. El abogado le recordó que sus honorarios estaban pendientes de pago. Pero ella dijo que esperaría una mejor oferta.

El abogado le dijo que ese precio por esa casa era un precio excelente, y que si ella la vendía, él le reduciría sus honorarios a la mitad.  La negativa de la señora fue acompañada por el desafortunado comentario de que "ustedes no están esperando eso para comer".

Tiempo después, unos pocos años y el abogado sin cobrar, la señora se vio en la necesidad de vender la casa con urgencia porque un hijo había caído preso por la comisión de un crimen. Pretendió venderla sin avisar, pero el abogado, temiendo que se le engañara, había inscrito su derecho en el título.  Por tal razón, a la señora le fue imposible hacer la venta de forma oculta. Y tuvo que acudir al abogado para que levantara la oposición.

El único comprador que la señora había conseguido sólo le ofreció ocho millones. Y la señora le dijo a su abogado que sólo le daría un diez por ciento de esa suma. El abogado le recordó que su contrato era por el veinte por ciento y que debía saldarlo al momento mismo de que recibiera el pago por la casa. La oferta de la reducción al diez por ciento había expirado con el tiempo transcurrido.

La señora se molestó. Evidentemente no deseaba pagarle y, ante la inevitabilidad de cumplir con su compromiso contractual, maldijo en voz alta, exteriorizando improperios y amenazas incoherentes y llenas de rabia.

Entonces el abogado se dio cuenta de que la señora nunca tuvo entre sus planes pagarle. Acostumbrada como estaba a la asistencia, subsidio y colaboración de sus familiares, asumió que este abogado de alguna manera también le iba a trabajar gratuitamente y, al no lograr sus planes, se obsesionó con difamarlo y detractar su buen nombre.

Sin embargo, poco después y por azar, el abogado conoció al que fuera esposo de la señora. Y conversando con él se dio cuenta de que había representado el lado equivocado. La señora había vendido ese inmueble de mutuo acuerdo con su esposo treinta y cinco años atrás y había recibido la mitad del dinero. Como fue el esposo quien hizo la venta, ella la desconoció y demandó la partición a través de abogados que nunca supieron que ya ella había cobrado.

Su demanda no había sido más que una estafa a los primeros adquirientes del inmueble. Con razón había hecho una supuesta cesión de sus derechos a una amiga, cuyo nombre utilizó para su fraude. No quería usar su propio nombre para un engaño tan vergonzoso.

La señora, pues, dejó de ser la dama respetable que su familia creía. Para el abogado y su esposa, la señora no era más que una embaucadora, farsante y resentida mujer, cuya historia antitrujillista probablemente no fuera más que una pose fabricada por ella misma para sacar beneficio al embobamiento de sus familiares más ignorantes.

¿Importamos devastación medioambiental?

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Los dominicanos estamos aprendiendo a asumir actitudes más responsables y cuidadosas con el medio ambiente. Grupos, organismos e instituciones nacen y se renuevan constantemente con objetivos de preservación de reservas científicas y parques naturales, de enfoque ético al tratamiento de la fauna y la flora nacional, de protección, conservación y educación ambiental, de reforestación y de desarrollo sostenible de los recursos naturales.

Investigadores de ecología de la conducta, antropología evolucionista y psicología evolucionaria, han encontrado antecedentes en la historia evolutiva que indican que el ser humano que actúa de una manera libre y natural, tiende a depredar.  Es el caso de la conducta generalizada de nuestros vecinos haitianos.  Los haitianos han desertificado más del 90% de su territorio;  y desde la época colonial es una práctica común y constante la explotación inconsciente de sus recursos naturales. Esta histórica e indiscriminada deforestación ha generado como consecuencia un panorama de devastación ambiental: degradación de las cuencas hidrográficas, erosión de los suelos, pérdida de cobertura vegetal y desaparición de flora y fauna nativas. 

Con esa falta de conciencia ambiental, los haitianos atraviesan la frontera a satisfacer sus necesidades elementales, considerando a República Dominicana como una gran despensa viva que les queda a mano al agotarse la propia.  Así, tratan con violencia a esos otros seres, tan vivos como nosotros, pero aún más indefensos, que pueblan nuestros reinos animal y vegetal. E importan su desertificación, su falta de compromiso con el futuro y la carencia de respeto y conciencia ambiental con la que asolaron Haití.   

Una vez aquí, aniquilan especies marinas, aves nativas y migratorias, especies en vías de extinción y hasta nuestros perros y gatos domésticos.  Participan en la destrucción de parques nacionales, con énfasis en Los Haitises y la Sierra de Bahoruco.  Abaten manglares y talan toda clase de árboles y ecosistemas para preparar carbón vegetal.  Invaden áreas protegidas.  Extraen las arenas del río Masacre.  Provocan incendios forestales para la práctica del conuquismo.  Destruyen a pedradas los nidos, afectando aves en peligro como el Halcón Peregrino en el parque Jaragua o los gavilanes en los Haitises.  Causan daños en los acuíferos de nuestro territorio.  Pescan con métodos brutales prohibidos por la ley, como en Bahía de Manzanillo y el litoral de Montecristi.  Y asesinan, desde iguanas y cocodrilos en el lago Enriquillo, hasta ballenas de las que buscan refugio en nuestro mar Caribe. 

Para su despiadada cacería de animales y su actitud de exterminio, portan sierras, hachas, machetes y armas de fuego, casi siempre en forma ilegal.  Y los utilizan en forma cruel e inhumana con toda impunidad. 

Miremos a Haití y la desolación de su tierra.

Y preguntémonos si es ése el futuro que permitiremos y que nos espera.

El futuro rostro de República Dominicana

Leila Roldán

Desde que fuera dictada por nuestro Tribunal Constitucional la histórica sentencia No. 168-13 se hizo necesario, para cumplir su mandato y el mandato previo de la Ley General de Migración, que el gobierno dominicano preparara un plan nacional de regularización de los extranjeros ilegales radicados en el país. Dicho plan estaría dirigido a regularizar el estatus migratorio de extranjeros radicados ilegalmente en República Dominicana, dotándoles de una de las categorías migratorias previstas en la ley.

Igualmente, por razones de hecho, que no de derecho, hubo un amplio consenso en que también debía dictarse una ley que modificara en algunos puntos la vigente Ley sobre Naturalización del año 1948, para aliviar un poco los rigores del procedimiento de naturalización ordinaria a personas de escasos recursos que hubiesen sido inscritas irregularmente, sin prevalerse de falsedades o fraudes, y que habían nacido y desarrollado sus vidas en República Dominicana bajo la presunción de que sus documentos eran válidos. En el arqueo realizado por la Junta Central Electoral en noviembre de 2013, el proceso de inventario de los nacimientos oportunos y tardíos desde el 1929 al 2007 determinó que hay 53,847 hijos de padres extranjeros registrados, de 117 nacionalidades, de los cuales 24,392 no fueron inscritos regularmente. De esa cantidad, 13,637 son hijos de padres haitianos. Esto significaba que la modificación a la Ley de Naturalización que se hiciera estaría dirigida a favorecer con una naturalización expedita a 24,392 extranjeros y, entre ellos, solamente a 13,637 haitianos de origen.

Hasta ahí las obligaciones asumidas por el gobierno dominicano: un plan de regularización para encajar a los extranjeros en una categoría migratoria legal y una modificación a la ley de naturalización para lograr un procedimiento de naturalización expedita para un grupo pequeño de personas.  El gobierno dictó, para cumplir con el primer compromiso, el Decreto No. 327-13 con el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y, para el segundo, un proyecto que luego fue convertido por el Congreso en la Ley No. 169-14 que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización.

Ambos instrumentos legales son imperfectos, cargados de composiciones que parecen querer complacer intereses opuestos y, por ende, de redacciones confusas, por cuya razón han sido demandados en inconstitucionalidad por distintos grupos y personas.  El decreto llega incluso a prohibir las deportaciones por 18 meses, lo que contraviene de plano toda la legislación adjetiva y sustantiva nacional, y la ley inventa el término “acreditación” para lo que debía ser un tipo de naturalización especial como forma constitucionalmente admitida de adquirir la nacionalidad dominicana.  Sin embargo, a pesar de ello, los plazos para su aplicación ya han empezado y, tanto el Decreto No. 327-13 como la Ley No. 169-14, han sido puestos en marcha. Y ésta es la parte más inquietante.

Ha recaído sobre el Ministerio de Interior y Policía la ejecución del primero, del plan de regularización, y sobre la Junta Central Electoral el segundo, la naturalización expedita (o “acreditación” de nacionalidad).  Dependiendo de la forma en que ambas disposiciones sean llevadas a la práctica pudiera estarse en presencia de un cambio a la imagen futura del país.  La puesta en práctica malintencionada, corrupta o negligente de ambos preceptos legales puede transformar para mal el rostro de República Dominicana.

Si el Ministerio de Interior y Policía ejecuta el plan de regularización en forma ligera e irresponsable, otorgando un estatus de residente regular a todo el que sin identidad, sin documentación confiable, sin prueba de fecha de entrada al territorio dominicano lo solicite; Si la Junta Central Electoral “acredita” una nacionalidad dominicana a más personas de las que ella misma ha detectado como “hijos de padres extranjeros inscritos irregularmente”;  Si en la aplicación de ambos textos legales se pretende desconocer la autoridad del Tribunal Constitucional y negar el espíritu de la Sentencia No. 168-13 que zanjó para siempre toda discusión sobre el modo de adquirir la nacionalidad dominicana; Si se pretende con su manejo complacer sectores minoritarios que representan intereses foráneos y permitir la violación de la frontera jurídica que ha tenido el país desde 1929; Se le va a cambiar el rostro a República Dominicana.

Si las autoridades encargadas de la implementación de estas nuevas normas no interpretan la voluntad de la mayoría del pueblo dominicano, los haitianos vecinos vendrán en masa junto a sus familias numerosas, más aún que los que han llegado y que los que están llegando ahora, como consecuencia del efecto llamada que tendrá la flexibilización de los requisitos legales para la estadía en el territorio nacional y la disposición de no deportación establecida inconstitucionalmente por el Decreto No. 327-13.  En poco tiempo, el rostro demográfico, político, laboral, religioso, ambientalista puede cambiar.  Las costumbres, el lenguaje, la imagen y muchos otros matices de la fisonomía nacional se pueden afectar.  Y no precisamente en beneficio de los dominicanos, de sus recursos o de su futuro.  Estemos atentos y vigilantes.

Los más importantes HITOS que marcan la INDEPENDENCIA, la FRONTERA, la SOBERANÍA, la NACIONALIDAD y la EXTRANJERÍA en la REPUBLICA DOMINICANA y la EXPRESIÓN DE LA VOLUNTAD DE LOS DOMINICANOS

Los más importantes HITOS que marcan la INDEPENDENCIA, la FRONTERA, la SOBERANÍA, la NACIONALIDAD y la EXTRANJERÍA en la REPUBLICA DOMINICANA y la EXPRESIÓN DE LA VOLUNTAD DE LOS DOMINICANOS

Los dominicanos han dado siempre numerosas indicaciones de su determinación en ser un pueblo autónomo e individual, sin deseos de unificación, anexión ni dependencia. Ha valorado y resguardado su dominicanidad a través de expresiones populares e institucionales. Desde su Independencia en 1844 hasta la sentencia TC168 en el 2013, los dominicanos han sido celosos en su autonomía y perseverantes en la estima de su nacionalidad, lo que se ha reflejado tanto en gestas heroicas como en las expresiones de sus poderes públicos. He aquí los más importantes hitos que marcan dicha voluntad:

• 16 de enero de 1844 – Santo Domingo. Más de un ciento de patriotas suscribe la “Manifestación de los pueblos de la parte Este de la isla antes Española de Santo Domingo, sobre las causas de su Separación de la República Haitiana”. Los dominicanos expresan las razones y agravios que les llevan a declarar su voluntad de separarse de la dominación haitiana.
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• 27 de febrero de 1844, 11:00 p.m. – Santo Domingo. Un grupo de patriotas encabezado por Francisco del Rosario Sánchez se encamina hacia el baluarte de El Conde en Santo Domingo y proclama la independencia de la República Dominicana.
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• 6 de noviembre de 1844 – San Cristóbal. Primera Constitución dominicana. Se proclama la República Dominicana como nación  libre, independiente y soberana.  Esta Constitución sólo reconoce la nacionalidad dominicana por jus sanguinis.
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• 4 de julio de 1845 – Santo Domingo. Decreto del Congreso Nacional No. 58, que manda a observar en los tribunales dominicanos los códigos franceses de la restauración. El art. 13 de este Código establece que sólo el extranjero que ha sido autorizado por el gobierno a tener residencia goza del ejercicio de derechos civiles. 
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• 2 de mayo de 1861 – Moca. Levantamiento liderado por el coronel José Contreras contra la anexión a España decretada el 18 de marzo anterior.  Primera expresión de rebeldía contra la pérdida de la independencia.
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• 3 de febrero de 1863 – Neyba. Rebelión liderada por Cayetano Velásquez contra tropas españolas.
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• 24 de febrero de 1863 – Santiago. Levantamiento general restaurador liderado  por Santiago Rodríguez contra las tropas españolas.
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• 14 de septiembre de 1863 – Santiago. Instauración de Gobierno Provisional Restaurador presidido por José Antonio Salcedo.  La R.D. recobra su autogobierno.
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• 3 de marzo de 1865 – Madrid, España.  La reina Isabel II firma el Real decreto que deroga la anexión de República Dominicana.
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• 26 de julio de 1867 – Santo Domingo. Suscripción del acuerdo de paz entre la República Dominicana y la República de Haití, reconocimiento mutuo de dos estados distintos.
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• 23 de septiembre de 1922 – Washington, E.U.A. Suscripción del acuerdo de desocupación militar de las tropas norteamericanas. La R.D. recobra su soberanía.
• 20 de enero de 1929 – Santo Domingo. Suscripción del tratado fronterizo entre la República Dominicana y la República de Haití. La frontera geográfica entre los dos países se define.
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• 20 de junio de 1929 – Santo Domingo. Se proclama la reforma de la Constitución dominicana, en cuyo artículo 8 se excluye la nacionalidad dominicana a los nacidos en territorio dominicano hijos de extranjeros personas en tránsito. La frontera demográfica se afianza (dicha disposición continúa de manera invariable en todas las reformas hasta la actualidad).
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• 16 de noviembre de 1932 – El Congreso Nacional ratifica la Convención sobre Condición de los Extranjeros mediante Resolución del Congreso Nacional No. 413.  El art. 1 establece que cada país es soberano para establecer por sus propias leyes las condiciones la entrada y residencia de extranjeros en su territorio.
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• 9 de marzo de 1936 – Puerto Príncipe, Haití. Suscripción del Protocolo de Revisión del Tratado de Fronteras Domínico-Haitiano. Para lograr una definición más precisa de la separación entre ambos países el Estado dominicano cede una gran extensión de territorio dominicano a Haití.
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•  15 de marzo de 1936 – Puerto Príncipe, Haití.  Suscripción del anexo del protocolo sobre Fronteras Domínico-Haitiano. Se precisan detalles geográficos de la frontera geográfica que separa ambos países. La frontera geográfica con Haití es definitiva.
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• 31 de enero de 1938 – Washington, D.C., E.U.A. Suscripción del Acuerdo Domínico-Haitiano para resolver los incidentes ocasionados por la masiva penetración de haitianos en territorio dominicano en violación al tratado de 1936. Fue ratificado mediante Ley No. 1467 del 10 de febrero de 1938, que establece en su art. 10 la obligatoriedad de cada Estado de impedir que sus nacionales penetren el territorio del otro Estado sin el correspondiente permiso y el derecho a la repatriación de los extranjeros ilegales.
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• 17 de abril de 1939 – Santo Domingo. Promulgación de la Ley de Migración No. 95. Establece las categorías migratorias de migrantes y o inmigrantes y el procedimiento de deportación de extranjeros ilegales.
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• 21 de noviembre de 1939 – Puerto Príncipe, Haití. Suscripción del Modus Operandi entre la República Dominicana y Haití para la implementación del acuerdo de 1938. El art. 1 establece la obligatoriedad de cada país de documentar sus nacionales y la prohibición de admisión a quien no se encuentre documentado ni autorizado a ingresar legalmente. Aprobado mediante Ley No. 199 del 20 de diciembre de 1939.
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• 25 de octubre de 1940 – Santo Domingo. Ratificación del Acuerdo que abroga la Convención domínico-americana del 27 de diciembre de 1924 (Resolución No. 353). El Estado dominicano recupera el control de sus aduanas y alcanza la soberanía económica de los E.U.A..
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• 1º de diciembre de 1982 – Santo Domingo, la Suprema Corte de Justicia emite la sentencia que declara que es extranjero en tránsito o transeúnte “Aquel que no haya hecho la prueba de que haya sido autorizado a establecer domicilio en la República” (Boletín Judicial No. 865, pág. 2375).
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• 16 de marzo de 1983 - Santo Domingo, la Suprema Corte de Justicia reitera el mismo criterio sobre los extranjeros transeúnte y precisa que es aquel que “no ha hecho la prueba de que ha sido autorizado por el Poder Ejecutivo para establecer su domicilio en la República Dominicana, en los términos del artículo 13 del Código Civil” (Boletín Judicial No. 867, pág. 698).
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• 11 de abril de 1983 – Santo Domingo, la Suprema Corte de Justicia, reitera el mismo criterio sobre el extranjero transeúnte como “El extranjero sin residencia permanente en el territorio de la República Dominicana” (Boletín Judicial No. 868, pág. 882).
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• 14 de agosto de 2004 – Santo Domingo. Promulgación de la nueva ley No. 285 sobre Migración, clasifica los extranjeros en Residentes y No Residentes y precisa que los No residentes son las llamadas “personas en Tránsito” por la Constitución.
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• 14 de diciembre de 2005 – Santo Domingo. La Suprema Corte de Justicia declara la Ley No. 285-04 sobre Migración conforme a la Constitución y reitera el criterio de que los hijos nacidos en el territorio nacional de padres extranjeros no residentes legales son personas en tránsito y que no les corresponde la nacionalidad dominicana (sentencia No. 9, Boletín Judicial No. 1129).
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• 26 de enero de 2010 – Santo Domingo. Promulgación de la nueva Constitución, que reitera los criterios sobre la nacionalidad dominicana, excluyéndola a los hijos de extranjeros en tránsito e ilegales (art. 18.3).
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• Sentencia No. 10, de fecha 2 de noviembre de 2011, Boletín Judicial No. 1212, de la Tercera Sala de  la Suprema Corte de Justicia, en materia de amparo, declarando que la actuación de la Junta Central Electoral, contenida en la Disposición Circular No. 17 del 29 de marzo de 2007, no vulnera ni amenaza derechos fundamentales de contenido civiles y políticos.
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• 23 de septiembre de 2013 – Santo Domingo. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, mediante sentencia No. 168-13 reitera el criterio de que los hijos de extranjeros que no cuentan con residencia legal no les corresponde la nacionalidad dominicana.

El Tribunal Constitucional en 2013 ha ratificado y afianzado lo que ha sido la biografía de República Dominicana, expresada por el pueblo en justas libertadoras, levantamientos y rebeliones; por el Congreso en constituciones, tratados, códigos y leyes; por el Poder Judicial en sabias decisiones jurisprudenciales.

Ningún gobierno representará la mayoría, si con acciones u omisiones pretende desarticular esa sucesión de manifestaciones de soberanía. Menos aún representará la voluntad de la nación dominicana si gobierna ajeno a estos principios plasmados en su historia; si antepone intereses extranjeros a la genuina disposición de la patria; y si pretende mediante decretos, maniobras o connivencias desdeñar el mandato auténtico del sentimiento nacional.

Leila Roldán

Are things getting better? ¿Están mejorando las cosas?

El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se presentó de sorpresa en el día de hoy en el salón de prensa de la Casa Blanca y, haciendo una emotiva alusión a momentos de su vida en que ha sentido la experiencia del rechazo por el color de su piel, toca el tema del racismo que aún pervive en esa nación. Sus más de quince minutos de exposición terminan con la optimista expresión “things are getting better” o, en español, las cosas están mejorando, en referencia a que las generaciones actuales son mejores que las anteriores en ese aspecto.

Pero, como veo las cosas, me sitúo en la acera contraria al presidente Barack Obama. Leer las noticias a diario desmiente que el tema del racismo se vaya diluyendo. Al contrario, veo el racismo mezclarse confusamente con la discriminación, con los prejuicios, con los estereotipos, y extenderse sobre razas, nacionalidades y hasta situación económica de los países del mundo. No es sólo la sentencia de descargo a George Zimmerman.  Es la condena a veinte años de prisión a Marissa Alexander, la mujer negra que el año pasado, en el mismo estado de La Florida, se defendió de un esposo abusivo haciendo disparos al aire.

Es la andanada de insultos y maldiciones racistas que recibió en vivo y por las redes sociales Marc Anthony en el juego de estrellas de esta semana en Nueva York al cantar “God Bless America”. Igual que la ola de racismo que desató el niño mexicano Sebastien de la Cruz el mes pasado en el juego final de la NBA. Son las recientes declaraciones de la cantante mexicana Lila Downs quien percibe un creciente racismo y hostilidad hacia la comunidad hispana e indígena.  Es el escándalo por comentarios racistas de una popular chef, Paula Deen, dirigidos en forma de insulto hacia un empleado. Estos, sólo por mencionar los más recientes dentro del territorio norteamericano.

Pero si nos trasladamos a otros países la cosa no va mejor. En Italia por ejemplo, una ministra italiana negra, Cecile Kyenge, fue agredida verbalmente por el vicepresidente del Senado Roberto Caderoli quien la comparó con un orangután por su color, y dichos pronunciamientos acaban de ser secundados por otros políticos italianos. Por su parte, recientemente el presidente Evo Morales fue impedido de volar el espacio aéreo de Francia, España y Portugal, en una prepotente actitud de esos gobiernos frente al boliviano, que denota un trato despectivo propio de quienes se asumen en posición superior y dominante.

¿Estamos mejorando? Evidentemente que no. Todo el que viaja con frecuencia puede darse cuenta de que las crisis que están sufriendo los distintos países en el mundo están afectando los valores morales y descascarando el hasta ahora disimulado rechazo hacia los países latinoamericanos, hacia los países “subdesarrollados” y del “tercer mundo”; y uso esos vocablos aunque no me gusten, pues lo hago a manera de cita. Lo vivo y lo veo ahora más que antes. 

Y concuerdo, ciertamente, con Ana Milena Muñoz de Gaviria en su artículo de El Espectador del día de ayer cuando dice: “La derecha ha manipulado y canaliza el inconformismo y el malestar social y económico hacia el racismo, y por supuesto ha crecido la violencia, con manifestaciones de un lado y de otro. Si bien los políticos buscan la unión, es claro que están juntos, pero no revueltos, y la intolerancia, la xenofobia y el racismo están presentes.” (“Racismo presente en Europa”, Opinión. El Espectador. 18 de julio de 2013).

COMENTARIO A UNA NOTA DE DIARIO LIBRE

El título del artículo de Diario Libre dice mucho: “Embajada EEUU dice trabaja con sus socios de RD tema educación”. No es un error, dice “socios”.  Es la propia embajada, a través de su agregada de prensa, que responde a Diario Libre haciendo mención de sus “socios de la sociedad civil”.   Ya no hay muchos reparos en admitirlo, porque hace mucho que el origen de la bonanza económica de esa “sociedad civil” de puras siglas fue desenmascarado. De hecho, el Dr. Julio Hazim ha mostrado en su programa de televisión la lista de los socios nacionales premiados y reconocidos por la Embajada Americana. 

Por eso me provoca molestia y preocupación percibir que ciertos movimientos de ciudadanos, sinceros y espontáneos, constituyen objetivo de esos “socios de la Embajada”. Hay gente bienintencionada que realmente desea educación, alto a la delincuencia, seguridad, reformas necesarias y todas las mejorías posibles para la nación dominicana. Pero esos “socios de la Embajada”, que desde su nacimiento han pretendido controlarlo todo con sus financiamientos no tan secretos y que accionan para diseñar normas y poderes a su medida, les tienen en la mira para fines de manipulación, para no permitir que las cosas puedan salirse fuera del cauce que ellos han diseñado, para que no se les ocurra luchar contra estados de cosas y sistemas diversos que han logrado establecer (como, por ejemplo, los miembros del poder judicial o algunos códigos, para sólo mencionar algunos). 

Lo más triste es que en esos “socios de la Embajada” hay cabezas que se lucran de eso, mientras tienen bajo sugestión personas que trabajan con el corazón.  Disfrazados de ciudadanos preocupados, los “socios de la Embajada” en muchos casos captan borregos que les siguen y les hacen el juego con su fe, su bondad o su falta de información, y los manipulan a su antojo. En otros casos esos “socios de la Embajada” intentan acoplarse, y en algunos casos lo logran, con movimientos genuinos de reclamos y les ofrecen “consejos” que están lejos de ser legítimos, porque para hacerlo ya tienen los bolsillos llenos.

Hay que cuidarse. Hay que informarse. Hay que saber para quién se trabaja.  Debemos exigir todo lo que nos corresponde como ciudadanos. Pero debemos saber desconfiar cuando ciertos “socios de la Embajada” se nos acercan para “orientarnos”, sirviendo con ello los intereses de sus patrocinadores y los suyos propios.  

VER AQUI LA NOTA COMPLETA DE DIARIO LIBRE

Ni pena de muerte ni prisión perpetua (2003)

Se sigue discutiendo en estos días el tema de la aprobación de un nuevo Código Penal y con él, la posibilidad de incluir sanciones más graves que las que contempla hoy día nuestra legislación vigente.

Con relación a la pena de muerte, ya en unos comentarios anteriores expresé la indiscutible imposibilidad para los congresistas de instaurar la pena capital mediante ley, gracias al principio de inviolabilidad de la vida definido en la Constitución de la República: “no podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte, ni las torturas, ni ninguna otra pena o procedimiento vejatorio o que implique la pérdida o la disminución de la integridad física o de la salud del individuo”, y gracias también al compromiso nacional expresado en la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que consagran el rechazo a imponer la muerte como forma de castigo y el compromiso, por parte de los Estados firmantes que la hayan abolido, a no restablecer la pena de muerte.

En relación a la prisión perpetua, por otro lado, las consideraciones contrarias son de distinta naturaleza. Algunos doctrinarios señalan que no habrá menos delitos porque las penas sean más graves, debido a que las causas de los delitos son de índole cultural, educacional o económico y el hecho de legislar instaurando penas más rígidas no garantiza una reducción en la criminalidad.

El Derecho Penal del marqués de Beccaria, por su parte, nos enseña que la disminución de las fechorías depende de una aplicación de justicia sana: "uno de los mayores frenos de los delitos no es la crueldad de las penas, sino su infalibilidad y, por consiguiente, la vigilancia de los magistrados, así como esa severidad de un juez inexorable que, para ser una útil virtud, ha de estar acompañada por una blanda legislación", entendiendo con ello que el tener penas más gravosas no mejora la perspectiva de la seguridad en la sociedad si las mismas no se aplican justa y adecuadamente.

Con relación a esto es necesario recordar que en sistemas jurídicos imperfectos, como el nuestro, no existen plenas garantías de que la ley se aplique con absoluta imparcialidad y con respeto pleno al debido proceso. De hecho, con demasiada frecuencia se oyen y se publican quejas de aplicación arbitraria de los textos legales por parte de los jueces, de negociaciones de sentencias y favoritismos, descontentos y lamentaciones por decisiones de magistrados injustos o politizados que pervierten el curso de la justicia; y es que nuestro sistema de justicia es humano, hecho y administrado por humanos y, por tanto, tan infectado de defectos como todo lo humano.

¿Seríamos capaces de creer que una pena de prisión perpetua se aplicaría a los criminales de cuello blanco? Pongamos por ejemplo un político o funcionario con gran influencia, acusado de un crimen tan horrendo que merezca la máxima sanción, asesorado por los mejores abogados, con lazos de amistad en las altas instancias judiciales y tratado con guantes de seda por la prensa. Comparemos con un acusado desconocido, con nulos recursos económicos, representado por un abogado de oficio, ignorado por los medios de comunicación, quizás hasta con algún disgusto añejo con un empleado del tribunal que conoce su caso, que da muerte a un hombre armado que había penetrado a su humilde hogar a las tres de la madrugada. Dejando de lado las ingenuidades, ¿cuál tiene, realmente, mayores posibilidades de ser condenado a cadena perpetua en los tribunales de nuestro país?

Por otra parte, recientemente fue aprobado un Código Procesal Penal ilimitadamente garantista que, implementando doctrinas jurídicas foráneas, convierte la mayoría de las penas en una cuestión de aplicación casi utópica. Este Código, que desde el principio de su puesta en ejecución abrirá las puertas de las cárceles para poner en libertad a gran parte de las personas que en ellas guardan prisión (solucionándole legislativamente el problema de los presos preventivos a esta judicatura) y que hará muy difícil el encarcelamiento futuro de los delincuentes, entrará, en su espíritu y esencia, en franca contradicción con el Código Penal que hoy se estudia en el Congreso, pues con este último lo que se busca, a través del endurecimiento de las penas, es influir en la reducción de la criminalidad en nuestro país.

¿Qué le importa a un delincuente común que haya prisión perpetua en casos graves si sabe que las posibilidades de ser arrestado son pocas, y menores aún las de permanecer recluido, como se prevé en el nuevo procedimiento? La contradicción entre un sistema procesal que implica pocos riesgos de caer en prisión y un sistema penal de penas graves, pero raramente aplicadas, no resulta lógica y contraviene los más antiguos principios del derecho penal.

Como vemos, los argumentos en contra son muchos, y las voces que se han hecho oír, más aún. La incoherencia entre el Código Procesal Penal recién aprobado y el Código Penal de próxima aprobación podría influir en que en pocos años tengamos que volver a achacarle a la legislación las deficiencias de nuestros tribunales y veremos nuevos grupos de licenciados teóricos hablando otra vez de “modernizar” y reformar la normativa recogida por nuestros Códigos. Tengamos, pues, la sensatez de analizar con mayor detenimiento esta cuestión y sopesar otras alternativas que excluyan la pena de muerte y la prisión perpetua.

Publicado en el periódico HOY en 2003.
Publicado también en: http://www.perspectivaciudadana.com/contenido.php?itemid=3992

El Problema de la delincuencia y NO A LA DELINCUENCIA

La delincuencia en la República Dominicana ha aumentado exponencialmente en los últimos años y ese aumento, lejos de ser una percepción, como a veces han querido llamarla los actores del sistema de justicia, constituye una realidad para todas sus clases sociales. Basta haber vivido en el país por varias décadas para haberlo constatado en carne propia e, incluso, basta tener amigos aquí y escucharlos hablar al respecto o leer sus numerosos escritos en los grupos sociales, sobre lo que era y lo que hoy es, para palpar el fenómeno.

Ese distinguible aumento en los actos delincuenciales cotidianos puede tener muchas causales. Ciertamente, la falta de educación es una de ellas, la pobreza es otra, las crisis sociales, de valores, de la familia y demás también, y así, en general, variables de distinta naturaleza en las que todos estamos de acuerdo.  Sin embargo, todas esas variables han existido siempre. Otros elementos, catalizadores poderosos de una reacción en estallido de la violencia, son los ingredientes perfectos que han hecho posible que tales circunstancias basten para justificar una explosión en número de los delitos y sus autores.

A mí, sin dármelas de experta y asida sólo de mi triple condición de abogada, ciudadana de la República por décadas y víctima, me queda claro que hay componentes nuevos, que añadidos a las causas de siempre, han desatado esta peligrosa y angustiante vorágine que nos arrastra a todos los ciudadanos a encarcelarnos en nuestros hogares. Entre ellos, veo una Policía Nacional involucrada cada vez más en los mismos hechos que está llamada a prevenir, un Ministerio Público errático, prepotente e indiferente y unos jueces plagados de decisiones insólitas; y los tres, recostados de una legislación procesal penal cuya discrecionalidad les permite hacer con cada caso, impunemente, lo que les da la gana.

Así, vemos en la prensa casos de personas (como recientemente la mujer de apellido Tonton que ha sido puesta en libertad 19 veces por micro tráfico de drogas o el hombre que por distintos atracos y asesinatos tiene 18 expedientes en San Cristóbal) que no importa cuán largo sea su historial delictivo, se encuentran en libertad cometiendo fechorías incesantemente y sin que el brazo de la justicia alcance siquiera a hacerles una caricia. Son casos ilustrativos que, multiplicados alarmantemente en los años recientes, apuntan específicamente y primordialmente a esa conjugación policial, judicial y legislativa que facilita la libertad de los malhechores reincidentes.

Ha sido grave, sin embargo, la censura, discreta a veces, agresiva otras, que se ejerce desde los distintos órganos involucrados. Recuerdo cuando el todavía presidente de la Suprema Corte de Justicia afirmó que sólo los jueces estaban facultados para hablar sobre la implementación del Código Procesal Penal.  Que se callen los abogados, prácticamente dijo.  Censura previa inconstitucional expresada desde la propia cabeza del Poder Judicial. De la misma manera, organizaciones de la sociedad que, prevalidas de jugosos financiamientos internacionales, tienen por encargo no sólo la defensa del sistema judicial, sino también de ese Código Procesal Penal que han prohijado. No hay escenario donde alguien exprese su opinión sobre dicha legislación que no encuentre una agresión gratuita e injustificada a su persona. De eso doy fe.

Así las cosas, los casos de justicia por propias manos se multiplicaron en los últimos años.  La precaria convivencia y armonía que como sociedad tratábamos de mantener mediante un pacto social que concedía únicamente a los poderes públicos la facultad de perseguir e imponer sanciones, se desmoronó. Los hechos de justicia por propias manos crecieron sin freno y desparramaron por todas las áreas de la convivencia social.  Aparentemente, la gran flexibilidad otorgada a las libertades de los acusados en el nuevo sistema penal nos llevó a un estado de violencia ciudadana más desarrollado. Perdido el miedo al castigo, cuya simple posibilidad constituía un elemento organizacional, devino casi en imposible el control de la naturaleza violenta de los seres humanos en el actual estado de cosas. Y eso, como bola de nieve que rueda agigantándose montaña abajo, empezó a arrastrar consigo la paz y la seguridad de todos los ciudadanos.

En ese estado de cosas surge NO A LA DELINCUENCIA. Con él, tengo la esperanza de ver llegado el momento de dejar de ser idiotas. De dejar de ser borregos manipulados por intereses económicos, por funcionarios corrompidos, por quienes son simplemente bocinas repetidoras de aquellos que se pasean, distanciados de la realidad que vive la mayoría de los dominicanos que trabaja, con sus largas escoltas y sus fáciles ingresos, indiferentes ante el doble sufrimiento de las víctimas de los delitos. Un grupo de ciudadanos, cansados ya de tanto, ha decidido decir basta ya. Estimulados por la emoción de un padre que no quiso “dejar las cosas así” cuando su hija fue asaltada, golpeada y traumatizada por un grupo de antisociales, ese grupo de ciudadanos se vistió de negro y se reunió, en un primer encuentro, en una vigilia por el NO A LA DELINCUENCIA.

NO A LA DELINCUENCIA promete. Promete y concita apoyo, no sólo por aglutinar muchas víctimas de experiencias parecidas, sino porque desde el primer momento se hizo claro que el elemento unificador era uno, el NO A LA DELINCUENCIA. Se excluyó la política porque la política divide. Los organizadores eran caras frescas que no se han lucrado con financiamientos de dudoso origen, ni se han vinculado a las imposiciones de la comparsa (que se adueña  impropiamente del título de “sociedad civil” en organizaciones gastadas y desacreditadas) en la que medran oportunistas e inmerecidos  buscadores de protagonismo. El liderazgo de la primera vigilia provino de la transmisión efectiva de la emoción sentida por una verdadera víctima. Y los asistentes reaccionaron positivamente.

La vigilia fue la primera y con ella quedó la certeza de muchas más. El ánimo de crecer y seguir expandiendo el movimiento es contagioso. La solidaridad de las víctimas y de sus familiares se une a otras que, con experiencias similares, se inflama y se solidifica. Yo estuve allí y pude sentirlo. Creo que a nuestra sociedad le hacía falta desde hace mucho un movimiento como ése. Creo que si persevera, puede obligar a los responsables a buscar soluciones. Ya era tiempo de que el dominicano saliera de su confortable letargo. Bienvenido NO A LA DELINCUENCIA. Bienvenidos todos los dominicanos que hoy despiertan. El país sigue siendo de todos.

 8 de septiembre de 2011.

Estorbemos

Uno de los más impactantes lemas de los indignados españoles se leía en muchos de los letreros, pancartas y camisetas durante las últimas manifestaciones. PIENSO, LUEGO ESTORBO. 

Estorbar es lo que hacemos los que pensamos libremente; los que no aceptamos sus explicaciones como dogmas; los que nos resistimos a costearles sus vidas ostentosas; los que no les celebramos su “justicia”; los que nos expresamos según la propia conciencia; los que no nos dejamos manipular a través de “guías espirituales”; los que denunciamos; los que no nos inclinamos reverentes ante sus maquinaciones; los que exigimos; los que no nos tragamos sus mentiras; los que reclamamos; los que somos inmunes a su hipocresía; los que no nos callamos; los que queremos ver detrás y más allá de sus máscaras; los que demandamos lógica a los límites que imponen; los que nos resistimos a ser rebaño; los que rechazamos ser objeto de extracción de riqueza para su exclusivo beneficio; los que nos molestamos cuando hacen lo contrario de lo que dicen; los que no somos complacientes; los que velamos por nuestros derechos; los que dudamos; los que no sucumbimos a la conformidad o la resignación para que todo siga igual; los que no caemos en sus trampas discursivas; los que conservamos las virtudes originales de la desconfianza y la rebeldía.

Pensemos y estorbemos.

Estorbemos que el Estado sea su fuente de enriquecimiento.  Estorbemos el tranquilo disfrute de sus corruptos patrimonios.  Estorbemos sus mansiones, sus apartamentos, sus grandes cuentas bancarias, sus queridas, sus ropas lujosas, sus vehículos, sus villas de playa, sus cabañas de montaña, sus aviones privados, sus viajes absurdos y todo su derroche.  Estorbemos sus cargos parasitarios y saqueadores.  Estorbemos la placidez del descanso que disfrutan mientras piensan que no serán perseguidos.  Estorbemos sus comidas con nuestras miradas indignadas.  Estorbemos sus pasos con un dedo que señale acusador.  Estorbemos sus ridículas escoltas con nuestra burla.  Estorbemos su pagada imagen con nuestras risas, nuestras voces y nuestras denuncias.  Estorbemos haciéndoles saber que sí nos importa que nos mientan, que sí ponemos atención y sí recordamos sus promesas.  Estorbemos escribiendo y divulgando nuestras ideas.  Estorbemos la extracción impune que hacen de nuestros impuestos y nuestras vidas, rechazándolos.  Estorbemos la empatía que despiertan en los idiotas, desenmascarándolos.  Pensemos en mil nuevas formas de estorbarlos.

Pensemos y estorbemos.

CNM: Que se abra un espacio para la participación de los ciudadanos!

Muchos ciudadanos tenemos criterios, opiniones y hechos que participar sobre los candidatos a jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Electoral y del Tribunal Constitucional.

Algunos conocemos los candidatos por razones personales, otros por razones profesionales, por razones académicas, o hasta por vinculaciones familiares.

Así como conocemos quién tiene valioso equipaje de conocimientos para ser juez, así también conocemos cuál es un astuto, deslizado por el sistema por relaciones de amistad o complicidad, sin bagaje intelectual alguno. Notamos quiénes tienen buenas intenciones y quiénes no son más que resentidos que quieren ser magistrados, o seguir siéndolo, sólo para ejercer una posición con poder.

Hay quienes tienen sincero interés de que las cosas cambien a nivel de justicia. Pero igual así hay quienes tienen un pasado y un presente indigno, vinculados a distintos tipos de inmoralidades, de pobre formación y sin otra aspiración que el estatus y los privilegios que las posiciones en esos tribunales pueden ofrecer.

Hay aspirantes con sentido de la justicia, la igualdad y los principios elementales de la democracia, así como los hay intolerantes, autoritarios y pequeños y pequeñas dictadores.

Los hay independientes del partidarismo político y con criterios jurídicos razonados en el interés general, pero también los hay vinculados y fuertemente comprometidos con intereses particulares, bancarios, empresariales, foráneos y partidarios.

  
Los hay autónomos e imparciales, así como los hay  peones de oficinas de abogados a nombre de las cuales pretenden, desde esas posiciones, convertirse en torres, caballos y alfiles dentro del tablero del ajedrez de intereses litigiosos que se manejan en la función judicial del Estado.

Es cierto que hay buenos candidatos. Así como también es cierto que hay quienes aspiran sólo con el encargo de garantizar impunidad a partidos y figuras políticas, en la eventualidad de sometimientos por corrupción.

Por eso hay ciudadanos que deseamos participar, opinar, decir o simplemente expresar criterios personales.  Y el Consejo Nacional de la Magistratura debe, antes que todo, abrir un espacio para que los que tenemos ese interés podamos expresarlo. Porque de lo contrario, no silenciaremos la inconformidad con las designaciones por todos los años que los jueces permanezcan en funciones.

Sopor (1997)

No puedo decir imposibles,
barrer escombros,
caldear la compañía desconchando astillas añejas.

Engranado,
el interminable panegírico manchado de tiempo traba mi intención
y eterniza el sopor cotidiano.

Te espero (1997)

Te espero
despoblada de censuras
desnudando prisas a tu cercanía
al mostrarte cómo resbalan, mojadas
las ataduras de nuestras confidencias

Te espero, impaciente
para llevarte a explorar
el ambiente rítmico en mis caricias
ciñendo la sólida seducción de tu caudal
en mis entrañas estremecidas

Te espero, inagotable
para envolverme en el arrebato de tu cuerpo
sorbiendo el calor
arrimada a tus jadeos

Para dominar con lentitud tus apremios
trotando a gotas
sobre la fiebre briosa en tu cintura

Para embriagarte y combatirte
atraerte y empujarte
urgirte y salpicarme

Para deleitar mi sed con tu sudor encendido
y con el último temblor de tu aliento empapar mis horas
y con tus ojos cerrados llenar el frío

Archivo de Instrucción: El caso Orlando Martínez (Libro 1999)

http://books.google.com.do/books?id=dXkAp-KH9P0C&pg=PT5&dq=leila+roldan&hl=es&sa=X&ei=k7S8ULOlFsjr0gHpk4DYCQ&ved=0CDIQ6AEwAQ

Cierta indolencia médica (2004)

A medida que iba escuchándola, cada una de sus palabras se iba convirtiendo en un doloroso recordatorio de otra agonía.  Sólo que, en el caso de mi padre, no hubo posibilidad de viajar al extranjero a tratar de resolver los estragos con que el ejercicio descuidado de la medicina puso fin a su vida.  Aniouta, sin embargo, encontró en otro país la salud que una “prestigiosa” clínica nacional le robaba indolentemente.

Más de una vez, luego de su primera operación, Aniouta se sintió como un cerdo en un matadero.  Por ejemplo, cuando fue obligada por la fuerza bruta a aguantar la punción de la vena subclavia a sangre fría, y entre lágrimas desesperadas volver la vista hacia la parte rota de los guantes del hombre que la manipulaba con violencia.  O cuando a las nueve de la mañana apareció una soñolienta enfermera, finalmente, a apagar la alarma de uno de los monitores que había empezado a sonar a las tres de la madrugada, avisando la terminación de un medicamento, inadecuado por demás, cuya suspensión había sido ordenada para las seis de la tarde del día anterior.  O cuando llegaron los alarmantes resultados de unos análisis que, a juicio de expertos debieron haber sido hechos con mayor antelación, y los médicos actuantes tardaron horas interminables en tomar conocimiento de ellos y actuar en consecuencia porque se encontraban en una boda. O cuando fue ordenada una segunda intervención en el mismo lugar de la primera, absolutamente innecesaria según opiniones de los especialistas foráneos que le salvaron la vida, para “tratar” una de esas infecciones intrahospitalarias que se propagan cual asesinos silenciosos por los establecimientos médicos de nuestro país.

Los detalles minuciosos de su cirugía y errados tratamientos posteriores, calificados de esa forma por los galenos que los corrigieron, en mi opinión de abogada, deberían ser conocidos por los tribunales.  Aunque ella piense, igual que yo, que no hay dinero en el mundo capaz de pagar la prolongada angustia de sus hijos y su propio sufrimiento.  Sin embargo, cuestiones de simple sentido común, como la higiene debida en el trato con los pacientes y la atención mínima al dolor, son temas que nos tocan a todos, porque cada dominicano está expuesto a ser manipulado en algún momento de su vida por este tipo de personal médico y paramédico.  Sobre todo aquellos sin posibilidad de emprender en otros territorios la batalla por una vida sana.  O sea, casi todos.

En esos veintiséis deprimentes días que duró la agonía de mi padre, por ejemplo, vi ingresar numerosos casos a la sala de cuidados intensivos que lo vio morir.  No importaba la etiología o razón de su ingreso, la mayoría fallecía, invariablemente, por la misma razón: una devastadora y extendida infección adquirida a través de los utensilios de enfermería o de cirugía, de los conductos de aire acondicionado o hasta de la mano del personal.  Simple falta de higiene.  Lo mismo sufrió Aniouta.  Y si puede hoy contar su desgarradora experiencia es gracias a un inmenso sacrificio económico que la condujo al exterior en búsqueda de una atención aséptica y dedicada.  Sin embargo, la mayoría no puede narrar su desdicha facultativa.

Los empleados de nuestros centros hospitalarios lo saben; tal vez por eso en muchos de ellos percibimos actitudes que distan mucho de cumplir los lineamientos básicos de la ética hipocrática mínima.  De hecho, Aniouta, desde su llegada, ha intentado entrevistarse varias veces con los médicos que aquí la desahuciaron.  Pero no la reciben.  Parece no importarles ahora, como tampoco les importó cuando le extendieron la factura, exorbitante a pesar de su ineficiencia.  Olvidaron que las faltas en que incurren en su intervención profesional son catalogadas por la ley como responsabilidad directa o indirecta de los médicos y paramédicos frente a sus pacientes.  Y olvidó también la clínica que tales faltas son, además, responsabilidad conjunta de la entidad asistencial que se ha obligado a prestar un servicio aceptable, donde el riesgo no se confunda con la posibilidad de daño por actuaciones profesionales o técnicas indebidas.

Se acepta que el ejercicio de la medicina está expuesto a incontables resultados adversos e inesperados por la misma naturaleza humana de los actores involucrados en la práctica de esa actividad.  Sin embargo, cuando los riesgos se maximizan debido a la deshumanización que tales actores desarrollan como consecuencia de la fuerza de la costumbre y la rutina, con su consecuente deficiencia en la asistencia médica y su despreocupación por cada infortunio humano, se incurre no sólo en mala práctica médica, negligencia o “malpraxis”, como la llama nuestra legislación cuando aplica a las mismas medidas punitivas de orden civil y penal, sino en una trasgresión de carácter moral que debería ser también objeto de sanciones de tipo social. 

Son demasiados los casos como el de Aniouta.  Tal vez serían menos si, como dice Aniouta, tantas víctimas desataran de sus lenguas la aprehensión a denunciar; si todo profesional de la medicina respondiera con una censura de su imagen pública proporcional al indebido o inadecuado servicio frente a los seres humanos a quienes ha cobrado por “curar”.  Estoy de acuerdo.  Tal vez no sería suficiente sin una condena judicial, es verdad, pero les ahorraría el recuerdo de su dolor al ver su drama repetido en tantos otros que caen incesantemente bajo las mismas ruedas de la indolencia médica nacional.

Publicado en el periódico HOY el 25 de abril de 2004.

El guardián de Coco Palooza (2003)

El esnobismo que los caracterizaba los llevó a planificar una de esas fiestas, comunes en las playas de los Estados Unidos, donde los invitados bailaban y se divertían por horas interminables en trajes de baño junto al mar.  Sólo que en esa ocasión había, además, una piscina, la cual constituyó el centro y alma de la noche y, entre otras cosas, el cofre de los secretos mejores guardados del grupo familiar.

Coco Palooza, llamaron la fiesta, en alusión a una muy conocida serie de festivales itinerantes de música rock llamada Lollapalooza, tan exitosa, que dio lugar a una moda donde todo llegó a denominarse “algo-palooza” (aquapalooza, wrestlepalooza, café palooza…).  En este exotismo, como les resultaba lógico, no se quedaron atrás.

La promocionaron en la prensa escrita y televisada; colocaron afiches en los más importantes centros comerciales y discotecas de la capital; y hasta en los principales colegios y universidades privadas circularon los volantes.   Toda la juventud dominicana sabía de la fiesta, toda los “niños bien” quisieron ir.  Pero el precio que asignaron al derecho de entrada decretó que sólo tuvieran asegurada su participación aquellos con mayor poder adquisitivo, quienes en su círculo social, al fin y al cabo, no eran pocos.

La esperada tarde llegó, y con ella llegaron a la mansión de Villas de Mar cientos de caros vehículos de alto cilindraje, lentes oscuros y ropa de costosas marcas cubriendo apenas los cuerpos de los jóvenes presumidos que iban llenado todos los rincones del lugar.  Las orquestas ya habían descargado sus instrumentos y empezaban los preparativos.  También los corresponsales de la televisora que trasmitiría el evento a nivel internacional.

Un guardián privado, el hombre pobre que siempre quiso ser policía en su pueblo, cuidaba el inmueble en ausencia de su propietario.  Fue informado del festejo a la llegada de los hijos del dueño, ese mismo día, y disimuló su sorpresa bastante mal.  No sabía si su patrón había dado su autorización ni cuál se suponía que debía ser su papel en cualquier caso.  Antes de que le diera tiempo a preguntar, ya sus interlocutores se habían  incorporado a los numerosos grupos que habían conseguido entrar.

La bebida y la música se desplegaron al mismo tiempo.  Con ellas, los bailes, los cigarrillos, los brazos por las cinturas.  El colorido de los trajes de baño se extendió dentro y fuera del agua.  Y las risas subieron el volumen en la misma proporción en que las orquestas se despabilaron, tumbando al piso las partes superiores de los bikinis.

Confundido por el ruido, por los olores mezclados de humo y perfume, por el constante ir y venir de jóvenes cargados de bolsos, toallas y pastillas, buscó con rostro preocupado al hijo mayor de la casa.  Pero encontrarlo entre tantas figuras similares era muy difícil.  Con su escopeta al hombro penetró en el mismo meollo del placer, donde ya se sentía el calor de cuerpos junto a cuerpos, de cuerpos sobre cuerpos. 

Algunos de los muchachos resintieron su presencia.  Envalentonados y desinhibidos por alguna sustancia, se dirigieron a él con altanería, reclamando su desaparición.  El guardián, el hombre que siempre quiso ser policía, se ofendió con el trato que entendió irrespetuoso de su posición y demandó consideración a su autoridad.  Los muchachos se burlaron.  Las risas de sus burlas opacaron las risas del regocijo general.  Otros más se acercaron, con ellos también los hijos del dueño, y la mofa encontró aquiescencia en su concurrencia activa.

Los miembros del Destacamento de Policía de Villas del Mar no esperaron ningún legista para extraer el cadáver del guardián la mañana siguiente.  Los padres de los muchachos que quedaron en la fiesta hasta el final se hicieron cargo de la molesta burocracia que rodeaba este tipo de inconvenientes, como un cadáver que aparece accidentalmente en el fondo de una piscina, mientras sus hijos recuperaban, abandonados al sueño, las horas perdidas la noche anterior.

Naturalmente que ni hubo expediente.  Mucho menos arrestos, interrogatorios, citaciones o investigación alguna.  Los participantes continuaban sus vidas despreocupados, asistiendo a sus costosas universidades de la capital, mientras pasaba el tiempo de la prescripción legal sobre la tumba humilde de alguien que quiso ser policía.

Hoy, transcurridos más de diez años, sus protagonistas conversan inexpresivamente, sin riesgos ni remordimientos, sobre el anodino incidente.  Y ejerciendo sus profesiones bajo la consentidora mirada de las cámaras de la crónica social criolla, casi lo han olvidado.

 Publicado en el periódico HOY el 20 de marzo de 2003.

¿Una comisión para denunciar jueces?

Aparece en el Diario Libre del 16 de mayo de 2011, una publicación en la cual se da la noticia de que el Consejo del Poder Judicial ordenó la creación de un “Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial” el cual tendría por misión que cualquier ciudadano pueda presentar allí sus quejas contra los funcionarios judiciales que lleven a cabo actuaciones “contrarias a los principios”.

En principio la idea entusiasma, porque suena democrática, participativa, transparente y cien adjetivos más.  Pero, claro, habrá que ver su funcionamiento, porque comisiones como ésa han existido a granel en todas las instituciones de la República Dominicana y los resultados, bueno, no tengo ni que tratar de traer alguno a la memoria, porque no los hay.  

Sólo pensar que la va a presidir Jorge Subero Isa es ya mala noticia; desencanta y da mala espina.  Y me hace recordar aquella comisión que recientemente designó el Procurador General de la República, Jefe del Ministerio Público, que, compuesta por superiores del Ministerio Público, tenía por misión investigar otros miembros del Ministerio Público… así mismo, aunque suene a trabalenguas. Todos recordamos sus no-resultados.

Pues a propósito de esta publicación, traigo a colación que en Argentina existe desde hace años una Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, la cual es la encargada de investigar las denuncias contra los jueces por el presunto mal desempeño.  Sin embargo, y para ilustrar su efectividad, copio a continuación lo que se ha tenido que hacer para tratar de suplir sus deficiencias, (con la esperanza de sembrar con esto la semillita de una idea):

¿Quiénes son los peores jueces?

Un grupo de fiscales, abogados y profesores de derecho quiere "premiar" a los peores jueces para mostrar su descontento con parte del Poder Judicial. Hay siete categorías a los peores magistrados del año pasado y crearon una página web en donde invitan a votar. 

Al mejor estilo hollywoodense, la Justicia argentina tendrá su premiación. Pero no habrá alfombra roja ni glamour. Todo lo contrario. Un grupo de fiscales, abogados y profesores de derecho quieren demostrar, con humor, su descontento con lo que consideran un Poder Judicial anacrónico con los tiempos actuales y para eso "reconocerán" a los peores jueces del 2010 con el premio “Petiso Orejudo”, el mítico criminal argentino.
 

Será en “La Fiesta de la Justicia” que se realizará a fin de mes en Parque Patricios, una iniciativa que se inició en la red social Twitter y que ahora invita a todas las personas que lo deseen a votar en las siete categorías creadas para elegir a los peores magistrados del año.
 

“El motivo de la entrega de premios consiste en exponer críticamente la actuación de quienes administran justicia. –explican los organizadores- Será una demostración de nuestro poder ciudadano y el ejercicio de nuestro derecho a la crítica política. El poder judicial es uno de los poderes del Estado y, como tal, tenemos derecho a realizar el más agudo escrutinio de sus decisiones”, agregan en http://fiestajusticia.blogspot.com , la pagina web que crearon para difundir la iniciativa.
 

Desde allí se pueden proponer candidatos a peores jueces y también votar a aquellos que ya están ternados. Para eso hay siete categorías de premios: Juez/jueza de primera instancia; Juez/jueza de tribunal de apelaciones; Juez/jueza de tribunal de casación; Juez/jueza de superior tribunal; Juez/jueza que votó en disidencia; Juez/jueza que dictó acordada/reglamento/acto administrativo; y Juez/jueza de tribunal de juicio.
 

Cada ganador se llevará un premio Oscar pero con la cabeza del Petiso Orejudo, uno de los mayores criminales de la historia argentina que a principios del siglo XX asesinó a cuatro niños, entre otros hechos, y que se lo conoció con ese apodo por el tamaño de sus orejas.
 

“El petiso orejudo es un icono del derecho medieval argentino y estamos premiando lo atávico del derecho argentino. Queremos premiar aquellos fallos que aplican criterios que son irracionales como lo que representa el Petiso Orejudo”, le explicó a Diariojudicial.com Alberto Bovino, abogado y profesor universitario y uno de los organizadores de la Fiesta.
 

Pero no solo se premiará lo peor de la Justicia. También se entregará el “Cayetano Santos Godino de Oro” para “los méritos reales de un juez o de una jueza por su trayectoria como miembro del poder judicial”. Cayetano Santos Godino era el nombre del Petiso Orejudo y el ganador de este reconocimiento será elegido por los organizadores.
 

La iniciativa surgió en la red social Twitter (allí se la puede seguir a través del tag #PORLAJUSTICIA) donde las críticas a la Justicia nucleó a un grupo de personas vinculadas al Poder Judicial. “Se me ocurrió la idea de hacer una fiesta y lo propuse pero pensando que no iba a tener recepción”, recordó Bovino.
 

Pero “La Fiesta por la Justicia” prosperó y se realizará el próximo 28 de mayo a las 23 horas en la avenida Caseros 3033 (frente al Parque de los Patricios), donde se conocerá cada ganador. Pero no solo se hará la entrega de los premios, sino que también habrá música, pista de baile con entrada libre y gratuita.
 

Junto con Bovino también forman parte de la organización los fiscales federales Felix Crous y Abel Córdoba, el fiscal de Mar del Plata Guillermo Nicora, la defensora oficial de Lomas de Zamora Fernanda Mestrín y los abogados Martín Gershanik y Claudia Suárez Gallo, entre otros.
 

“Con nuestra iniciativa, entonces, queremos emitir un fuerte mensaje exigiendo la más amplia transparencia de los actos de quienes deciden sobre nuestros derechos fundamentales”, señalan en su pagina web y agregan que el Poder Judicial “no cubre las expectativas mínimas que los ciudadanos merecemos y exigimos en un Estado democrático de derecho”.
 

Bovino aclara que no buscan desprestigiar la Justicia ni a sus integrantes: “La fiesta es por la Justicia porque creemos que el buen funcionamiento del Poder Judicial es absolutamente necesario para el estado de derecho y democrático. Para logar tener eso hay que exponer y cuestionar a las personas que no son dignas de ocupar un puesto en ese poder”.

Martín Angulo
Especial para Diariojudicial.com