Muchos ciudadanos tenemos criterios, opiniones y hechos que participar sobre los candidatos a jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Electoral y del Tribunal Constitucional.
Algunos conocemos los candidatos por razones personales, otros por razones profesionales, por razones académicas, o hasta por vinculaciones familiares.
Así como conocemos quién tiene valioso equipaje de conocimientos para ser juez, así también conocemos cuál es un astuto, deslizado por el sistema por relaciones de amistad o complicidad, sin bagaje intelectual alguno. Notamos quiénes tienen buenas intenciones y quiénes no son más que resentidos que quieren ser magistrados, o seguir siéndolo, sólo para ejercer una posición con poder.
Hay quienes tienen sincero interés de que las cosas cambien a nivel de justicia. Pero igual así hay quienes tienen un pasado y un presente indigno, vinculados a distintos tipos de inmoralidades, de pobre formación y sin otra aspiración que el estatus y los privilegios que las posiciones en esos tribunales pueden ofrecer.
Hay aspirantes con sentido de la justicia, la igualdad y los principios elementales de la democracia, así como los hay intolerantes, autoritarios y pequeños y pequeñas dictadores.
Los hay independientes del partidarismo político y con criterios jurídicos razonados en el interés general, pero también los hay vinculados y fuertemente comprometidos con intereses particulares, bancarios, empresariales, foráneos y partidarios.
Los hay autónomos e imparciales, así como los hay peones de oficinas de abogados a nombre de las cuales pretenden, desde esas posiciones, convertirse en torres, caballos y alfiles dentro del tablero del ajedrez de intereses litigiosos que se manejan en la función judicial del Estado.
Es cierto que hay buenos candidatos. Así como también es cierto que hay quienes aspiran sólo con el encargo de garantizar impunidad a partidos y figuras políticas, en la eventualidad de sometimientos por corrupción.
Por eso hay ciudadanos que deseamos participar, opinar, decir o simplemente expresar criterios personales. Y el Consejo Nacional de la Magistratura debe, antes que todo, abrir un espacio para que los que tenemos ese interés podamos expresarlo. Porque de lo contrario, no silenciaremos la inconformidad con las designaciones por todos los años que los jueces permanezcan en funciones.
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