Ni pena de muerte ni prisión perpetua (2003)

Se sigue discutiendo en estos días el tema de la aprobación de un nuevo Código Penal y con él, la posibilidad de incluir sanciones más graves que las que contempla hoy día nuestra legislación vigente.

Con relación a la pena de muerte, ya en unos comentarios anteriores expresé la indiscutible imposibilidad para los congresistas de instaurar la pena capital mediante ley, gracias al principio de inviolabilidad de la vida definido en la Constitución de la República: “no podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte, ni las torturas, ni ninguna otra pena o procedimiento vejatorio o que implique la pérdida o la disminución de la integridad física o de la salud del individuo”, y gracias también al compromiso nacional expresado en la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que consagran el rechazo a imponer la muerte como forma de castigo y el compromiso, por parte de los Estados firmantes que la hayan abolido, a no restablecer la pena de muerte.

En relación a la prisión perpetua, por otro lado, las consideraciones contrarias son de distinta naturaleza. Algunos doctrinarios señalan que no habrá menos delitos porque las penas sean más graves, debido a que las causas de los delitos son de índole cultural, educacional o económico y el hecho de legislar instaurando penas más rígidas no garantiza una reducción en la criminalidad.

El Derecho Penal del marqués de Beccaria, por su parte, nos enseña que la disminución de las fechorías depende de una aplicación de justicia sana: "uno de los mayores frenos de los delitos no es la crueldad de las penas, sino su infalibilidad y, por consiguiente, la vigilancia de los magistrados, así como esa severidad de un juez inexorable que, para ser una útil virtud, ha de estar acompañada por una blanda legislación", entendiendo con ello que el tener penas más gravosas no mejora la perspectiva de la seguridad en la sociedad si las mismas no se aplican justa y adecuadamente.

Con relación a esto es necesario recordar que en sistemas jurídicos imperfectos, como el nuestro, no existen plenas garantías de que la ley se aplique con absoluta imparcialidad y con respeto pleno al debido proceso. De hecho, con demasiada frecuencia se oyen y se publican quejas de aplicación arbitraria de los textos legales por parte de los jueces, de negociaciones de sentencias y favoritismos, descontentos y lamentaciones por decisiones de magistrados injustos o politizados que pervierten el curso de la justicia; y es que nuestro sistema de justicia es humano, hecho y administrado por humanos y, por tanto, tan infectado de defectos como todo lo humano.

¿Seríamos capaces de creer que una pena de prisión perpetua se aplicaría a los criminales de cuello blanco? Pongamos por ejemplo un político o funcionario con gran influencia, acusado de un crimen tan horrendo que merezca la máxima sanción, asesorado por los mejores abogados, con lazos de amistad en las altas instancias judiciales y tratado con guantes de seda por la prensa. Comparemos con un acusado desconocido, con nulos recursos económicos, representado por un abogado de oficio, ignorado por los medios de comunicación, quizás hasta con algún disgusto añejo con un empleado del tribunal que conoce su caso, que da muerte a un hombre armado que había penetrado a su humilde hogar a las tres de la madrugada. Dejando de lado las ingenuidades, ¿cuál tiene, realmente, mayores posibilidades de ser condenado a cadena perpetua en los tribunales de nuestro país?

Por otra parte, recientemente fue aprobado un Código Procesal Penal ilimitadamente garantista que, implementando doctrinas jurídicas foráneas, convierte la mayoría de las penas en una cuestión de aplicación casi utópica. Este Código, que desde el principio de su puesta en ejecución abrirá las puertas de las cárceles para poner en libertad a gran parte de las personas que en ellas guardan prisión (solucionándole legislativamente el problema de los presos preventivos a esta judicatura) y que hará muy difícil el encarcelamiento futuro de los delincuentes, entrará, en su espíritu y esencia, en franca contradicción con el Código Penal que hoy se estudia en el Congreso, pues con este último lo que se busca, a través del endurecimiento de las penas, es influir en la reducción de la criminalidad en nuestro país.

¿Qué le importa a un delincuente común que haya prisión perpetua en casos graves si sabe que las posibilidades de ser arrestado son pocas, y menores aún las de permanecer recluido, como se prevé en el nuevo procedimiento? La contradicción entre un sistema procesal que implica pocos riesgos de caer en prisión y un sistema penal de penas graves, pero raramente aplicadas, no resulta lógica y contraviene los más antiguos principios del derecho penal.

Como vemos, los argumentos en contra son muchos, y las voces que se han hecho oír, más aún. La incoherencia entre el Código Procesal Penal recién aprobado y el Código Penal de próxima aprobación podría influir en que en pocos años tengamos que volver a achacarle a la legislación las deficiencias de nuestros tribunales y veremos nuevos grupos de licenciados teóricos hablando otra vez de “modernizar” y reformar la normativa recogida por nuestros Códigos. Tengamos, pues, la sensatez de analizar con mayor detenimiento esta cuestión y sopesar otras alternativas que excluyan la pena de muerte y la prisión perpetua.

Publicado en el periódico HOY en 2003.
Publicado también en: http://www.perspectivaciudadana.com/contenido.php?itemid=3992

El Problema de la delincuencia y NO A LA DELINCUENCIA

La delincuencia en la República Dominicana ha aumentado exponencialmente en los últimos años y ese aumento, lejos de ser una percepción, como a veces han querido llamarla los actores del sistema de justicia, constituye una realidad para todas sus clases sociales. Basta haber vivido en el país por varias décadas para haberlo constatado en carne propia e, incluso, basta tener amigos aquí y escucharlos hablar al respecto o leer sus numerosos escritos en los grupos sociales, sobre lo que era y lo que hoy es, para palpar el fenómeno.

Ese distinguible aumento en los actos delincuenciales cotidianos puede tener muchas causales. Ciertamente, la falta de educación es una de ellas, la pobreza es otra, las crisis sociales, de valores, de la familia y demás también, y así, en general, variables de distinta naturaleza en las que todos estamos de acuerdo.  Sin embargo, todas esas variables han existido siempre. Otros elementos, catalizadores poderosos de una reacción en estallido de la violencia, son los ingredientes perfectos que han hecho posible que tales circunstancias basten para justificar una explosión en número de los delitos y sus autores.

A mí, sin dármelas de experta y asida sólo de mi triple condición de abogada, ciudadana de la República por décadas y víctima, me queda claro que hay componentes nuevos, que añadidos a las causas de siempre, han desatado esta peligrosa y angustiante vorágine que nos arrastra a todos los ciudadanos a encarcelarnos en nuestros hogares. Entre ellos, veo una Policía Nacional involucrada cada vez más en los mismos hechos que está llamada a prevenir, un Ministerio Público errático, prepotente e indiferente y unos jueces plagados de decisiones insólitas; y los tres, recostados de una legislación procesal penal cuya discrecionalidad les permite hacer con cada caso, impunemente, lo que les da la gana.

Así, vemos en la prensa casos de personas (como recientemente la mujer de apellido Tonton que ha sido puesta en libertad 19 veces por micro tráfico de drogas o el hombre que por distintos atracos y asesinatos tiene 18 expedientes en San Cristóbal) que no importa cuán largo sea su historial delictivo, se encuentran en libertad cometiendo fechorías incesantemente y sin que el brazo de la justicia alcance siquiera a hacerles una caricia. Son casos ilustrativos que, multiplicados alarmantemente en los años recientes, apuntan específicamente y primordialmente a esa conjugación policial, judicial y legislativa que facilita la libertad de los malhechores reincidentes.

Ha sido grave, sin embargo, la censura, discreta a veces, agresiva otras, que se ejerce desde los distintos órganos involucrados. Recuerdo cuando el todavía presidente de la Suprema Corte de Justicia afirmó que sólo los jueces estaban facultados para hablar sobre la implementación del Código Procesal Penal.  Que se callen los abogados, prácticamente dijo.  Censura previa inconstitucional expresada desde la propia cabeza del Poder Judicial. De la misma manera, organizaciones de la sociedad que, prevalidas de jugosos financiamientos internacionales, tienen por encargo no sólo la defensa del sistema judicial, sino también de ese Código Procesal Penal que han prohijado. No hay escenario donde alguien exprese su opinión sobre dicha legislación que no encuentre una agresión gratuita e injustificada a su persona. De eso doy fe.

Así las cosas, los casos de justicia por propias manos se multiplicaron en los últimos años.  La precaria convivencia y armonía que como sociedad tratábamos de mantener mediante un pacto social que concedía únicamente a los poderes públicos la facultad de perseguir e imponer sanciones, se desmoronó. Los hechos de justicia por propias manos crecieron sin freno y desparramaron por todas las áreas de la convivencia social.  Aparentemente, la gran flexibilidad otorgada a las libertades de los acusados en el nuevo sistema penal nos llevó a un estado de violencia ciudadana más desarrollado. Perdido el miedo al castigo, cuya simple posibilidad constituía un elemento organizacional, devino casi en imposible el control de la naturaleza violenta de los seres humanos en el actual estado de cosas. Y eso, como bola de nieve que rueda agigantándose montaña abajo, empezó a arrastrar consigo la paz y la seguridad de todos los ciudadanos.

En ese estado de cosas surge NO A LA DELINCUENCIA. Con él, tengo la esperanza de ver llegado el momento de dejar de ser idiotas. De dejar de ser borregos manipulados por intereses económicos, por funcionarios corrompidos, por quienes son simplemente bocinas repetidoras de aquellos que se pasean, distanciados de la realidad que vive la mayoría de los dominicanos que trabaja, con sus largas escoltas y sus fáciles ingresos, indiferentes ante el doble sufrimiento de las víctimas de los delitos. Un grupo de ciudadanos, cansados ya de tanto, ha decidido decir basta ya. Estimulados por la emoción de un padre que no quiso “dejar las cosas así” cuando su hija fue asaltada, golpeada y traumatizada por un grupo de antisociales, ese grupo de ciudadanos se vistió de negro y se reunió, en un primer encuentro, en una vigilia por el NO A LA DELINCUENCIA.

NO A LA DELINCUENCIA promete. Promete y concita apoyo, no sólo por aglutinar muchas víctimas de experiencias parecidas, sino porque desde el primer momento se hizo claro que el elemento unificador era uno, el NO A LA DELINCUENCIA. Se excluyó la política porque la política divide. Los organizadores eran caras frescas que no se han lucrado con financiamientos de dudoso origen, ni se han vinculado a las imposiciones de la comparsa (que se adueña  impropiamente del título de “sociedad civil” en organizaciones gastadas y desacreditadas) en la que medran oportunistas e inmerecidos  buscadores de protagonismo. El liderazgo de la primera vigilia provino de la transmisión efectiva de la emoción sentida por una verdadera víctima. Y los asistentes reaccionaron positivamente.

La vigilia fue la primera y con ella quedó la certeza de muchas más. El ánimo de crecer y seguir expandiendo el movimiento es contagioso. La solidaridad de las víctimas y de sus familiares se une a otras que, con experiencias similares, se inflama y se solidifica. Yo estuve allí y pude sentirlo. Creo que a nuestra sociedad le hacía falta desde hace mucho un movimiento como ése. Creo que si persevera, puede obligar a los responsables a buscar soluciones. Ya era tiempo de que el dominicano saliera de su confortable letargo. Bienvenido NO A LA DELINCUENCIA. Bienvenidos todos los dominicanos que hoy despiertan. El país sigue siendo de todos.

 8 de septiembre de 2011.